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El Banco de España calcula que el crecimiento económico se situará en torno al 2 % en 2023, por encima del 1,6 % que preveía en marzo, y ha cuestionado medidas aprobadas por el Gobierno como la Ley de Vivienda o la reforma de las pensiones.
Estas son algunas de las conclusiones del informe anual de la entidad, publicado este miércoles, y que actualiza sus estimaciones económicas acercándolas al 2,1 % que mantiene el Ejecutivo. La mejora se debe a que la actividad se ha mostrado “más resistente” y a las señales “de un renovado dinamismo” en los primeros meses del año, a lo que se suma la moderación de la inflación y el despliegue de los fondos europeos, entre otros factores.
La reapertura de la economía, las medidas de apoyo desplegadas por las autoridades, el dinamismo del mercado de trabajo y el buen comportamiento del sector exterior son otros de los elementos en los que se ha apoyado la resistencia de la actividad económica, según ha explicado el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán.
Recuperación de agricultura y servicios
Recuperación de agricultura y servicios
Por ramas, “la agricultura y los servicios ya han recuperado la actividad previa, al contrario que la industria y la construcción”; mientras que las previsiones de evolución de la actividad en el horizonte 2023-2025 anticipan un cierre gradual de la brecha existente tras la pandemia entre el PIB español y el del área del euro.
El Banco de España insiste en su informe en la “elevada y persistente” incertidumbre en la que se elaboran estas previsiones y apunta a riesgos como “la posibilidad de que se produzcan nuevos episodios de inestabilidad geopolítica global” o “nuevas alzas de los precios de la energía”.
Otro de los riesgos está en las posibles tensiones financieras que puedan derivarse del endurecimiento de la política monetaria, un proceso “muy rápido, intenso y sincronizado a escala global”.
Las presiones inflacionistas seguirán siendo “muy elevadas”
Las presiones inflacionistas seguirán siendo “muy elevadas”
Gavilán ha señalado que, aunque las presiones inflacionistas se están moderando y el pico del episodio “parece haber quedado atrás”, la inflación subyacente y la de los alimentos “muestran todavía una elevada resistencia a la baja”.
Sobre este asunto, el informe indica que “una proporción muy elevada de productos siguen mostrando tasas de inflación muy altas” y, de hecho, detallan que un 45 % de las 129 subclases del índice armonizado de precios de consumo (IAPC), sin energía ni alimentos frescos, “presentan tasas de inflación superiores al 4 %”.
Respecto a los precios de la alimentación, todo indica que el pico está “cerca”, pero ha reconocido que hay factores como la sequía que pueden afectar a la oferta.
Preguntado por el acuerdo alcanzado por los agentes sociales para subir salarios un 4 % este año y un 3 % los dos siguientes, Gavilán ha dicho que parece ir en la dirección defendida por la entidad “de repartir pérdidas” para reducir el riesgo de efectos de segunda ronda que alimenten la inflación.
Las medidas del Gobierno: demasiado generales y costosas
Las medidas del Gobierno: demasiado generales y costosas
El Banco de España incide en que las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis energética y al episodio inflacionista “no han sido inútiles”, pero sí “demasiado generales y demasiado costosas”.
La entidad apuesta por propuestas “focalizadas en los más vulnerables, temporales y que eviten distorsiones en los precios”; y han reconocido que sí se ha conseguido “parar el golpe”, reducir la inflación y estimular la actividad, pero esto mismo se podría haber conseguido “con un impacto fiscal menor”.
El informe reconoce que todas las medidas en conjunto han permitido reducir la inflación en 2,3 puntos porcentuales en 2022, en tanto que han contribuido al crecimiento del PIB en 1,1 puntos, si bien señala que su expiración prevista a lo largo de este año tendrá un efecto negativo sobre el PIB en 2024 y sobre la inflación en 2023 y 2024.
“Efectos indeseados” por el control de los precios de alquiler
“Efectos indeseados” por el control de los precios de alquiler
El Banco de España ha advertido este miércoles de que algunas de las medidas incluidas en la futura Ley por el Derecho a la Vivienda, como el control de rentas, podría generar efectos indeseados a medio plazo y reducir la oferta y la calidad de vivienda en alquiler.
El supervisor destaca que la futura ley pone un mayor énfasis en el necesario incremento de la oferta de vivienda en alquiler a partir de una mayor colaboración público-privada, un aumento progresivo del parque público y mayores incentivos fiscales a quienes arrienden viviendas con reducciones de precios en áreas tensionadas.
No obstante, según avisa en su Informe Anual, algunas de las medidas incluidas, como el control de rentas, podría generar efectos indeseados a medio plazo.
La nueva ley contempla medidas que limitan la actualización de las rentas del alquiler y la posibilidad de que las administraciones territoriales competentes que así lo estimen oportuno limiten los precios del alquiler en zonas tensionadas.
En este sentido, la literatura económica ha señalado que, si bien los controles de precios muestran capacidad para reducir los precios del alquiler a corto plazo en las zonas reguladas, esta política puede generar efectos adversos sobre la oferta de alquiler, así como segmentación en el mercado inmobiliario.
Necesarias más medidas para sostener las pensiones
Necesarias más medidas para sostener las pensiones
El Banco de España considera que se necesitarán nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones dado el impacto de las últimas reformas puestas en marcha por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El Banco de España sostiene que, tras los últimos cambios, el sistema de pensiones “deberá afrontar mayores obligaciones de gasto a largo plazo que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos”.
“El análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en nuestro sistema de pensiones desde 2021 —si bien está sujeto a una elevada incertidumbre— apunta a que, previsiblemente, será necesario adoptar nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar su sostenibilidad financiera”, apunta.
Y, en ese contexto, señala al mecanismo automático de ajuste recogido en el último bloque de medidas y que se activará a partir de 2025 si se produce un desvío en el gasto.
EFE
10-05-2023
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