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INTERNACIONALES

FINANZAS - BOLSA DE VALOR

Casa Blanca trabajará con el Congreso para ampliar sanciones a funcionarios venezolanos

La Administración de Barack Obama está dispuesta a trabajar con el senador republicano Marco Rubio y otros legisladores para analizar un proyecto de ley que ampliaría las sanciones a Venezuela, aseguró hoy uno de los principales asesores en política exterior del mandatario, Anthony Blinken.

En una audiencia en el Senado de EE.UU., el asesor adjunto de seguridad nacional de Obama afirmó que la Casa Blanca ha estado centrada en los últimos meses en “ver si nuestros aliados en Latinoamérica podían lograr resultados” para aliviar las tensiones en Venezuela desde las protestas que comenzaron en febrero.

No obstante, reconoció que esos esfuerzos para “sacar a opositores de la cárcel” y fomentar el diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición “no han tenido frutos por ahora”.

Por tanto, la Administración está dispuesta a trabajar con Rubio “en las medidas que ha estado proponiendo”, que ampliarían las sanciones a Venezuela, aseguró Blinken, nominado por Obama para convertirse en el “número dos” del Departamento de Estado de EE.UU.

“Tanto si soy confirmado (para ese puesto) como si no, estoy abierto a tener esa conversación para trabajar con usted en eso. Es algo que deberíamos hacer”, dijo Blinken en respuesta a las preguntas de Rubio durante la audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores de EE.UU.

Tras meses de presión por parte de los congresistas, a finales del mes de julio Estados Unidos prohibió la entrada a ciertos funcionarios del Gobierno venezolano presuntamente vinculados con la violación de derechos humanos.

No obstante, varios legisladores insisten en la necesidad de medidas más drásticas, como las contenidas en el proyecto de ley que Rubio presentó en marzo junto a los senadores demócratas Robert Menéndez y Bill Nelson.

Ese proyecto solicita a Obama que congele los activos de aquellas personas involucradas en la represión de las protestas en las calles de Caracas, además de la revocación de los visados a una lista de individuos propuesta por los legisladores.

La llamada “Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela”, contempla una ayuda de 15 millones de dólares para la defensa de los derechos humanos en Venezuela, la protección de los medios de comunicación independientes y el fortalecimiento de la sociedad civil.

En una visita a Colombia la semana pasada, Rubio aseguró que pedirá más sanciones contra Venezuela en el nuevo Senado de mayoría republicana que tomará posesión en enero, entre ellas algunas dirigidas a “altos funcionarios de la Guardia Nacional y del Gobierno” por su supuesta represión en las protestas.

Hasta ahora, el Gobierno de Obama ha optado por dar espacio al diálogo entre el Ejecutivo y la oposición para resolver las tensiones por las protestas en Venezuela, y el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, advirtió en marzo de que imponer cualquier sanción es delicado por la “fragilidad de la economía” venezolana.

De ser confirmado por el pleno del Senado, en una votación que está prevista antes de que acabe el año, Blinken se convertirá en el subsecretario de Estado de EE.UU., el “número dos” de Kerry. EFE


Santos suspende diálogos con las Farc por secuestro de general

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió el lunes la negociación de paz con las FARC, horas después de que  guerrilleros secuestraron a un general del Ejército en una zona selvática del oeste del país, dejando en suspenso la continuidad del proceso que busca poner fin a un conflicto de 50 años.

"Se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas", dijo el mandatario al término de una reunión con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y los altos mandos militares.

El general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán que opera en el departamento del Chocó, se convirtió en el militar de más alto grado capturado por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la historia reciente del país.

El oficial fue secuestrado el domingo en una zona selvática del oeste del país a la que entró de civil, sin escoltas y sin cumplir con las medidas de seguridad.

No es la primera vez que la negociación de paz que completa dos años en Cuba sufre una crisis.

En agosto del 2013 las FARC declararon una pausa a fin de analizar los alcances de una propuesta gubernamental para someter a un referendo los eventuales acuerdos que se logren y Santos respondió llamando a consultas a sus negociadores a Bogotá. Sin embargo, el inconveniente se superó horas después.

En Cuba, las viviendas sociales las entregan sin terminar

Después de más de veinte años esperando en un albergue que el Gobierno cubano le asignara una vivienda, Teresa Hermán, de 74 años, se llevó “una gran decepción” cuando se trasladó a su nuevo hogar: “Estaba sin acabar, el piso (suelo) sin tirar, la cocina y el baño sin azulejos”.

Teresa, su hija, nieta y bisnieta son una de las 1.100 familias que han obtenido una vivienda desde que se puso en marcha en 2013 un programa para la construcción de 13 asentamientos en La Habana para personas sin recursos que necesitan un hogar en la capital y que son más de 132.600 según datos oficiales.

Muchas de estas personas han vivido durante diez o incluso veinte años en albergues o “comunidades de tránsito”, a la espera de que el Estado les entregue una vivienda.

A principios de este año, la familia de Teresa se trasladó a la urbanización del distrito habanero de Marianao, el único de esos 13 asentamientos totalmente terminado y enteramente asignado a familias de escasos recursos, aunque vio con tristeza cómo el ansiado hogar que llevaba dos décadas esperando no cumplía con sus modestas expectativas.

Tanto Teresa como sus vecinos se quejaron a Efe de las “malas condiciones” de las casas, entregadas sin pintar, sin puertas, con baños y cocinas sin alicatar, suelo de mortero (cemento), sin línea telefónica y con las tuberías defectuosas, problemas que algunos han solventado poco a poco asumiendo los gastos de las mejoras.

Las casas se han levantado bajo el concepto de viviendas económicas, por las que el Estado garantiza las “condiciones mínimas de funcionalidad y habitabilidad”, explicó al diario oficial “Granma” uno de los responsables de este plan del Ministerio de Construcción.

“Desde que llegué aquí, he tenido que hacer una serie de arreglos e inversiones, cuando en realidad no tengo ni donde caerme muerta”, lamenta Teresa. 


El Estado Islámico ha ejecutado a 1.434 personas en Siria desde el anuncio de su califato

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) ha ejecutado a al menos 1.434 personas en Siria desde que proclamó un califato a finales de junio en este país y en Irak, dijo hoy a Efe el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Rami Abderrahman.

En una conversación telefónica, Abderrahman destacó que, según el recuento de su ONG, la mayoría de los fallecidos, 884, eran civiles, de los que 700 eran miembros de la tribu de Al Shaitat, que se enfrentó al EI en la provincia nororiental de Deir al Zur.

Ayer, la organización yihadista aseguró haber ejecutado al rehén estadounidense Peter Kassig, en un vídeo difundido en internet en el que también se mostraba la decapitación de una veintena de soldados sirios.


Alvaro Uribe fija posición sobre el secuestro del General Alzate

El ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, ha tuiteado desde su cuenta @AlvaroUribeVel un comunicado fijando posición sobre el secuestro del General Alzate, por parte de una columna de las FARC. Al respecto el ahora Senador Uribe expresa:

Comunicado sobre el secuestro del General Alzate

La vida y la libertad de los militares y policías son tan preciosas como las de los civiles. Nuestra solidaridad con las Fuerzas Armadas.

La comunidad internacional, que tanto ha apoyado los diálogos con la Farc, debería exigir a esta agrupación terrorista el cese unilateral de actividades criminales, tanto las que afectan a la población civil como a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Colombia necesita urgentemente recuperar el sendero de seguridad que exige determinación gubernamental, garantías judiciales y políticas a los miembros de las Fuerzas Armadas, que no deberían seguir siendo igualados con el terrorismo, resultados que den confianza a la comunidad, que en muchas partes del país, en medio de la desprotección y del temor, se ha visto obligada a someterse a las exigencias del terrorismo. Hoy hay violencia con sub registro de delitos y silenciada por el control terrorista de territorios.

Eventuales acuerdos de un proceso de paz no deberían convertir en impunidad los beneficios jurídicos en favor de quienes abandonen el terror. Tampoco deberían conceder elegibilidad política a los responsables de delitos atroces.

Los acuerdos con el terrorismo no pueden poner en riesgo los valores democráticos, cuya vigencia es lo único que permitirá una sociedad sin pobreza y con equidad.

Mientras el Gobierno, sus voceros políticos y periodísticos proponen ampliar el concepto de delito político para amparar la impunidad del secuestro, narcotráfico y otros crímenes, el terrorismo responde con el secuestro de civiles, soldados y del General Alzate.